Petro es ahora presidente. Un llamado para la liberación de los presos

Geraldina Colotti

«Se dice que nadie conoce realmente una nación hasta que ha estado en una de sus prisiones». La sentencia de Nelson Mandela abre una petición dirigida a Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y vicepresidenta de Colombia, quienes hoy asumen oficialmente el cargo. Lo firma el Movimiento Nacional Penitenciario (Mnc), acompañado de cientos de organizaciones y personalidades.

El documento ofrece un resumen de los problemas estructurales que aquejan a un país como Colombia, donde los espacios de viabilidad política de la oposición se cerraron con el asesinato del líder liberal Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y donde la violencia se ha vuelto estructural. De cuánta violencia tiene que responder la oligarquía a sueldo de Washington, que ha aplastado en la sangre todo intento de cambiar la estructura de poder por la vía democrática, está demostrando la Comisión por la verdad, contemplada en los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla, firmados en La Habana en 2016.

El organismo, frustrado por todos los medios por el ahijado de Uribe, Iván Duque, derrotado en las urnas por Petro, también ha traído de vuelta la masacre de la Unión Popular (Up). Un partido que nació en 1984 como parte de los acuerdos de paz firmados en ese momento entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc-ep, para permitir la participación política también a los excombatientes. En uno de sus últimos informes de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) calculó que, entre 1984 y 2016, fueron asesinados al menos 5.733 militantes de la UP. Entre estos, dos candidatos presidenciales, 5 senadores en ejercicio, 11 parlamentarios, 109 concejales y varios ex gerentes, 8 alcaldes y otros tantos ex alcaldes.

También se adquirieron importantes testimonios sobre otra masacre política, la del 6 de noviembre de 1989. El ejército irrumpió en el Palacio de Justicia, ocupado por la guerrilla del M-19, causando cerca de un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema. Sin embargo, un informe médico y posteriores declaraciones demostraron que ninguna de las balas con las que fueron asesinados procedía de armas de la guerrilla.

Gustavo Petro formó parte del M-19. Según él mismo contó en twitter, fue detenido el 7 de octubre de 1985 cuando era concejal de Zipaquirá, tierra donde nació. El ejército lo torturó durante 4 días en la Escuela de Caballería. Luego, fue condenado a 2 años de prisión por uso indebido de armas de fuego. Después de ser liberado en marzo de 1987, pasó a la clandestinidad. A partir de ahí, asegura haber sentado las bases del proceso de paz de la guerrilla, que cesará en marzo de 1990 la actividad iniciada en 1970, tras el fraude electoral del gobierno y los partidos tradicionales.

Más tarde, el M-19 se convirtió en un movimiento político de izquierda conocido como Alianza Democrática M-19, una de las fuerzas políticas más importantes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Después de la disolución del movimiento, Petro fundará el partido Colombia Humana. Aunque fue un político de las instituciones, exsenador y exalcalde de la capital, Bogotá, Petro tuvo la oportunidad de experimentar el uso del law-fare por parte de la oligarquía colombiana, ejercido en nombre del “Torquemada” de Uribe, el exfiscal general Alejandro Ordoñez, brazo judicial de la oligarquía, que tenía la tarea de enjuiciar y proscribir a los opositores políticos inventando escándalos inexistentes. Por su decisión, Petro fue destituido del cargo de alcalde e incapacitado por 15 años, por un presunto escándalo relacionado con la recolección de residuos.

El llamamiento recuerda cómo ese mecanismo orienta un sistema penal tomado del de Estados Unidos. “El sistema de persecución penal, importado de Estados Unidos -escribe el Movimiento Nacional Penitenciario-, fue un fracaso, sin contar la construcción de megacárceles que imitaban el modelo del Buró Federal de Prisiones, que antepone la seguridad a la concepción de un modelo humanista que posibilite recuperar verdaderamente a quienes transgreden la ley”.

Una lógica que se ha impuesto en las diversas decisiones del Congreso colombiano en materia judicial y penal y que llena las cárceles de culpables del “delito de la pobreza”, especialmente mujeres. Una política -denuncia el llamamiento- que ha supuesto el aumento de nuevos tipos de instituciones penitenciarias y la agravación de las penas, reforzando un sistema penal basado «en una visión vengativa, aplicada como ley penal del enemigo, contraria a la garantía de derechos humanos fundamentales para las personas privadas de su libertad”.

El documento se refiere a los presos y presas políticas, aún en la carcel 5 años después de la firma de los Acuerdos de La Habana, que derivó en la ley de Amnistía e Indulto, que fue utilizada por un importante grupo de exguerrilleros, pero que no ha liberado a todos. Al mismo tiempo, se insta al gobierno de Petro y Márquez «a incluir en su agenda legislativa el fin de la extradición, la repatriación humanitaria de quienes se encuentren en cárceles extranjeras o padezcan enfermedades graves». Se trata -escriben los firmantes- de un acto de soberanía nacional en un país que busca avanzar hacia una democracia plena que garantice los derechos de los ciudadanos, incluidos los privados de libertad.

Y son muchos, dentro y fuera del país, los que esperan que la histórica asunción del cargo de la nueva presidenta y vicepresidenta, quien conoce bien los problemas de las «últimas» y de esa «inmensa mayoría de mujeres privadas de su libertad, acusados ​​o condenados por un delito de pobreza” mencionado en el recurso, sepan enfrentar con valentía la crisis estructural del sistema penitenciario y penitenciario.

 

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