La derecha exulta: desde la UE, nuevas sanciones a Venezuela. Y la Colombia de Duque lanza torpedos contra la Habana y Caracas

Geraldina Colotti

Desde hace unos días, retomando una noticia publicada por Europa Press, la derecha venezolana ha dado por sentado que, en la reunión del lunes 22 de febrero, la Unión Europea decidirá imponer sanciones a otros treinta funcionarios venezolanos. Medidas coercitivas unilaterales que implicarían una prohibición de entrada a países de la UE y un «congelamiento de activos», en línea con las cuatro rondas de sanciones aprobadas desde 2017 en base a indicaciones de Estados Unidos.

Esta noticia se suma a la vergonzosa campaña de descrédito desatada contra expertos independientes de la ONU, primero el abogado Alfred de Zayas, luego la profesora Alena Douhan, quienes explicaron en detalle el daño infligido al pueblo venezolano por las «sanciones». «Venezuela se ve obligada a vivir con solo el 1% de sus propios recursos», escribió Douhan, cuestionando a los países que mantienen bloqueados los fondos venezolanos, e instando a los órganos competentes a garantizar la movilidad de los funcionarios bolivarianos para que puedan representar el Estado en los organismos internacionales.

Y para dar más pretextos a las «sanciones», ha arrancado el sicariato político y mediático organizado por la Colombia de Iván Duque y amplificado a nivel internacional. Una operación que, además de la izquierda colombiana, apunta a tres países al mismo tiempo: Venezuela, Cuba y Ecuador, cuando el representante de la izquierda, Andrés Arauz, ganó la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas.

 Desde hace semanas se lleva a cabo una campaña de martilleo, iniciada por la revista Semana, para respaldar las afirmaciones de Duque sobre la actividad guerrillera del Eln, la segunda organización armada en importancia y longevidad después de las FARC. El módulo es una réplica del utilizado después del bombardeo del ejército colombiano, que invadió territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de 2008.

En la masacre también fue asesinado el comandante de las Farc Raúl Reyes, y el supuesto descubrimiento de su computadora sirvió para construir varios «falsos positivos» contra Venezuela y los gobiernos progresistas de la región, luego en pleno «renacimiento» por una segunda independencia.

Se sabe que el gobierno colombiano es un maestro en términos de falsos positivos, es decir, la matanza de personas comunes que hacen pasar por guerrilleros muertos en combate. En un país que, desde el asesinato del líder liberal Gaitán, en abril de 1948, ha cerrado todos los espacios de seguridad a una oposición política, la violencia estatal está a la orden del día. Cuando el fraude electoral no logra evitar que la oposición acuda al gobierno, se elimina la oposición. Tan pronto como las guerrillas lleguen a un acuerdo y hagan la transición a la lucha política, ídem.

 Según el reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, establecida luego de los acuerdos entre el entonces gobierno de Santos y las guerrillas de las Farc, firmados en 2016, el ejército o los paramilitares abatieron al menos 6.042 civiles que después hicieron pasar por combatientes, en los años entre 2002-2008. Una cifra superior a la ya reportada sobre los gobiernos de Álvaro Uribe, ahora bajo arresto domiciliario precisamente en relación con una de esas masacres.

Solo en 2021 ya han sido asesinados en Colombia 24 líderes sociales, 310 en 2020 y 1.140 asesinados desde la firma de los acuerdo de paz en septiembre de 2016. Muchos de ellos eran excombatientes que habían pasado a la vida política legal y quedaron a merced de los paramilitares, convertidos principalmente en guardias de seguridad privados para grandes multinacionales y terratenientes.

Ahora, se está usando otra computadora, tomada de un comandante Eln muerto, Uriel, para construir estas nuevas operaciones. En cuanto a Ecuador, el objetivo es volver a utilizar al Poder Judicial como arma política y cancelar las elecciones, argumentando que Arauz se financió con dinero ilícito del Eln. Aunque fracase el operativo lawfare, seguro que logrará sembrar dudas o pánico en esos sectores más moderados del Ecuador, asustados por la llegada del llamado «castro-madurismo», contra el que se ha expresado reiteradamente Yaku Pérez.

Pérez es el candidato que compite por el segundo lugar al banquero Lasso, que está ganando en los últimos conteos. Ha tomado un nombre indígena y por eso apela a la izquierda en Europa, a pesar de que su programa sigue los intereses de Washington y de la Ue.

Contra Venezuela, se recupera y amplifica el módulo ya utilizado en la época de Chávez para una nueva operación de sicariato mediático. Como se recordará, el expresidente de Venezuela, fallecido el 5 de marzo de 2013, fue el artífice de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las Farc, que comenzaron en Noruega y continuaron en Cuba, donde se firmó el acuerdo, a raíz del viaje de Obama a La Habana. Todos los torpedos lanzados para impedir ese acuerdo, desacreditar a la guerrilla y criminalizar la solidaridad internacional fueron sacados de la computadora de Raúl Reyes.

Ahora, se está haciendo lo mismo con la computadora del comandante de Eln Uriel, quien fue asesinado el año pasado. Maduro ya ha sido sancionado por Trump como presunto narcotraficante y financista del terrorismo, Trump incluso ha puesto una recompensa por su cabeza y las de otros líderes bolivarianos, y la acusación de narcoterrorismo es uno de los caballos de batalla que utiliza el imperialismo para criminalizar a gobiernos que no aceptan la subordinación en Washington.

Y debe recordarse que, como demuestran incluso los documentos desclasificados de la CIA, Estados Unidos y sus vasallos son maestros cuando se trata de financiar mercenarios de todo tipo con el producto de la droga. Y también hay que tener en cuenta que, en nombre de la llamada lucha contra el terrorismo, que se ha deslizado en lucha contra el socialismo en todas sus formas, siempre es posible lograr la «unidad nacional», partiendo de Italia que mantuvo ese modelo durante veinte años en el siglo XX.

De hecho, el gobierno bolivariano ha definido la operación como una cortina de humo levantada por Duque para cubrir lo que los propios medios colombianos ahora muestran abiertamente: la participación activa del gobierno colombiano en todos los ataques mercenarios contra Venezuela, llevados a cabo por los golpistas venezolanos patrocinado por Estados Unidos y Europa. Con el pretexto de la pandemia, Duque también está tratando de extender artificialmente su mandato y evitar las elecciones de 2022. Este es el contexto del renovado ataque al senador de izquierda Iván Cepeda, quien ha presentado las denuncias contra Uribe, involucrando también la gestión de su ahijado Duque.

Y ahora, Semana lanza otro misil, tomado por otros medios internacionales. Un torpedo dirigido tanto contra lo que queda de los acuerdos de paz, y sobre todo contra Cuba, e incluso contra el expresidente Manuel Santos que los ha firmados, aunque no es de izquierda, y pese a haber sido ministro de Defensa de Uribe y cómplice de innumerables masacres de Estado. Hablamos de ese Santos que, tras haber recibido el Premio Nobel de la Paz por la firma de esos históricos acuerdos, llegó a Italia para postular a Colombia como miembro de la OTAN. Pero, con la llegada de Trump como presidente de Estados Unidos, él también debió parecer un peligroso extremista de izquierda.

Y por eso, ahora, aquí hay un documento, un salvoconducto contra el comandante Gabino, del Eln, a quien Santos, cuando era presidente, le permitió ir a Cuba, como lo exige la legislación especial, y donde siguen los mediadores del Eln, a pesar de la ruptura de las negociaciones con el gobierno colombiano. El hecho de que Santos, a pesar de la solicitud que en ese momento le hicieron las Farc, no suspendió las órdenes de aprehensión, sino que sólo permitió el desplazamiento temporal, se utiliza ahora para construir un «falso positivo» mediático.

 El objetivo es acusar a Cuba de «patrocinar el terrorismo», y evitar que Biden, como parece inclinado a hacer, la saque de la absurda lista en la que Trump la incluyó poco antes del final de su mandato. Obviamente, se cuestiona al gobierno de Maduro, que supuestamente favoreció el tránsito de Gabino, justo antes de la elección de Duque en Colombia.

¿Cómo encaja esta operación de sicariato mediático que comenzó en Colombia? Como un plan en nombre de terceros: en nombre de esos poderes económicos de la extrema derecha internacional, que pisotean para mantener la política exterior de Biden en el camino habitual con respecto a América Latina. Se sabe que Colombia es para América Latina como Israel es para Medio Oriente, y que no hay hoja en ese gobierno que Washington no quiera. Además de ser el principal aliado de Estados Unidos en Sudamérica, Colombia es también el país que más ayuda militar recibe de Washington.

Solo para 2020 ya ha recibido un primer tramo de 30 millones de dólares, destinado principalmente a ayuda humanitaria para la pandemia, en uno de los países más devastados y privatizados del continente, y también destinado a los “migrantes venezolanos”. Y esta es la razón por la que Iván Duque, ciertamente no un demócrata, pero -recordemos nuevamente- el ahijado de ese Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario por las masacres perpetradas por sus paramilitares, declaró que quería regularizar por 10 años los venezolanos que se encuentran en el país.

Cabe señalar que, cuando aún no estaba claro cómo terminaría entre Trump y Biden, el propio Duque había declarado que esos mismos venezolanos serían excluidos de las vacunas por ser indocumentados. Una señal tranquilizadora, por tanto, más acorde con el estilo de los demócratas estadounidenses y la Unión Europea, que también incluye algunos socios rebeldes, pero que tiene su socio más confiable por Biden en Italia. De hecho, una gran parte de la ayuda que se brinda, a través de agencias internacionales, proviene de Italia, pero gestionada por la oposición golpista venezolana que la UE sigue considerando un punto de referencia.

Una gran tajada dirigida a los países neoliberales que, en el papel, deberían ayudar a los migrantes venezolanos, mientras la utilizan para financiar la desestabilización en Venezuela y, precisamente, las operaciones mediáticas que mencionamos anteriormente. Las relaciones entre la canciller colombiana Claudia Blum e Italia son particularmente intensas.

Y lo que es la noción de «derechos humanos» de la UE también lo demuestra lo que está sucediendo en España contra el rapero catalán Pablo Hasel, encarcelado por «insultar a la Corona», y las122 personas acusadas de promover «terrorismo» o de haber insultado a la iglesias o a la Corona.

Duque debe compensar por haber hecho campaña a favor de Trump, violando la regla de no interferir en la política de otro estado. Algunos representantes del partido al que pertenece, el Centro Democrático, el partido gobernante, se han comprometido abiertamente con Trump. Tanto es así que el portavoz del Departamento de Estado de América del Norte, Ned Price, emitió de inmediato una advertencia: «Aclarar los asesinatos en Colombia es una de las principales prioridades de Biden», dijo refiriéndose a un informe de Human Right Watch que consideraba insuficientes los esfuerzos del gobierno colombiano para contener el creciente número de asesinatos de líderes sociales.

 Desde que Biden asumió la presidencia el 20 de enero, el único contacto público entre Washington y Bogotá ha sido una llamada telefónica del 29 de enero entre el secretario de Estado Antony Blinken y la ministra colombiana Claudia Blum en la que el halcón Blinken aseguró que su gobierno ayudará a Colombia a “hacer cumplir los derechos humanos”. Y, tras el anuncio sobre los migrantes venezolanos, Blinken felicitó de inmediato a Duque, reforzando lo dicho por Price en otra conferencia de prensa, en la que afirmó que Estados Unidos está «orgulloso de colaborar con las fuerzas de seguridad y la sociedad civil colombianas para fortalecer la protección de los derechos humanos y la seguridad en las zonas rurales, así como luchar contra las formas del narcotráfico que generan violencia ”.

Aunque hay poco de que engañarse sobre un cambio de dirección en la política exterior de Biden hacia el continente latinoamericano, ciertamente se decidirá qué grandes corporaciones y terminales locales relacionadas tendrán que administrar el nuevo río de dinero prometido por Biden para préstamos y “ayuda” también para la conversión ecológica anunciada tras el regreso a los acuerdos climáticos. Por todo ello, será necesario decidir qué gobiernos serán los más adecuados para implementarlos, y el trumpista Duque también tendrá que adaptarse.

Mientras tanto, Duque ha llamado a Colombia a todos los golpistas venezolanos que querían para una próxima reunión, a la que los medios como Semana ciertamente no prestarán atención. Para estos prófugos de la justicia no se necesita salvoconducto. Utilizan, como hizo recientemente Leopoldo López, los aviones privados de los narcotraficantes: de los mismos cárteles que ayudaron al autoproclamado Juan Guaidó durante la invasión de las fronteras venezolanas desde Colombia, disfrazada de ayuda humanitaria.

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