Sanciones, elecciones y balcanizaciones

Por Geraldina Colotti.
Un resumen del programa Brecce. Todos los sábados en Radio Quarantena, 

 

Plato lleno de novedades, sobre todo porque el 11 de abril es día de elecciones en Ecuador, Perú y Bolivia. Y luego está la situación en Venezuela, que se ha calentado en el estado Apure, en la frontera con Colombia. Una frontera de más de 2.200 km de longitud, que delimita una zona de comercio y tráfico e intentos de infiltración por parte del narcogobierno colombiano, donde los asesinatos de excombatientes y líderes sociales son lamentablemente casi a diario, y donde va en aumento, a pesar de la pandemia, el número de personas desplazadas por la violencia paramilitar cubierta por el estado.

En Colombia, este 9 de abril, la izquierda colombiana recordó el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, en 1948. Un asesinato que cerró el paso a la posibilidad de construir un cambio real a través del camino institucional en un país que es el principal lacayo de Estados Unidos en la región. Colombia no solo alberga 9 bases militares, sino también la CIA y cuerpos de élite que acompañan al ejército colombiano en las constantes provocaciones que realiza en la frontera, en un intento de desencadenar un conflicto armado con Venezuela y brindar el pretexto para que Estados Unidos intervenga en nivel militar.

Una solicitud, no olvidemos, que los representantes de los golpistas venezolanos en el exterior, incluso en Italia, donde reciben premios en nombre de la «democracia», han dirigido a Trump y que ahora dirigen a Biden. El esquema es el de la balcanización: se infiltra y se ocupa ilegalmente un corredor fronterizo, generalmente rico en recursos, y se hace con el control del mismo: para desprenderlo del territorio nacional, utilizarlo como ganzúa desestabilizadora y pedir a la llamada comunidad internacional que envíe tropas con el pretexto de evitar que la zona se convierta en un peligro para toda la región. Un modelo que se ha intentado, por ejemplo, aplicar en Bolivia en la llamada media luna fértil, desde cuyas zonas la oligarquía santacruceña lanzó el golpe de Estado contra Morales en 2019.

En el estado Apure, un grupo de narcotraficantes, que en el pasado se había hecho pasar por un sector disidente de la guerrilla de las FARC, se ha convertido en el peón de la CIA y del gobierno colombiano para llevar a cabo este nuevo atentado contra el gobierno bolivariano. Mientras tanto, otras bandas del crimen organizado han difundido un show mediático en las cercanías de Caracas, que ha servido a la oposición golpista para gritar que Venezuela es un narcoestado, un estado fallido, gobernado por el “castro-madurismo”, y que apoya el «terrorismo».

Como sabemos, estos dos estribillos son los que sirven para imponer cada vez más medidas coercitivas unilaterales ilegales: junto a la retórica de los derechos humanos utilizados como arma. Y, de hecho, bajo el pretexto de la seguridad y de esa legalidad burguesa tan fetichizada en los países capitalistas, el socialismo bolivariano está siempre acorralado: si no interviene contra las bandas armadas y los narcotraficantes, es connivencia, si lo hace es represión.

Y así está sucediendo en la frontera, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana intervino para expulsar a esta banda a sueldo de la CIA junto con las organizaciones del poder popular, sufriendo la perta de algunos soldados, muertos por las minas antipersonal que estas pandillas suelen plantar en Colombia. Una práctica hasta ahora desconocida en Venezuela. Tanto es así que el gobierno bolivariano ha pedido a la oficina de la ONU un consejo específico.

En cambio, la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez pidió la intervención de la OEA para «restaurar la democracia» en Venezuela, acusando al gobierno bolivariano de ser «una amenaza para la región». Sin embargo, su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, le respondió de manera apropiada y contundente. Estos días, de hecho, la oposición colombiana está exigiendo la renuncia de Ramírez, quien siempre habría guardado silencio sobre la condena por narcotráfico impuesta a uno de sus hermanos hace 23 años.

No es la primera vez que se intenta balcanizar a Venezuela infiltrándose en la frontera con paramilitares. En 2004, la oposición golpista contrató a más de 300 mercenarios que se entrenaron en una finca, que luego se descubrió, y que debían hacerse pasar por soldados del ejército bolivariano. Fue uno de los numerosos intentos de derrocamiento del gobierno socialista, que tuvo lugar tras el golpe de Estado contra Chávez el 11 de abril de 2002.

Ese golpe que duró solo dos días porque el pueblo trajo a su presidente de regreso a Miraflores, es un punto de inflexión y de reflexión, por varios motivos: primero para los sujetos que lo organizaron, siempre con el viático de Estados Unidos y la participación de la CIA. Se dieron la mano, los dirigentes de las burocracias sindicales y los del gremio patronal, las jerarquías eclesiásticas y los medios privados. ¿Por qué?

Por evitar la nacionalización, la reforma agraria, la reanudación de la soberanía sobre los recursos pesqueros a través de una ley que evite el robo de las multinacionales, y por bloquear el desarrollo de la democracia directa prevista en la constitución. Un ejemplo de lo que podría pasar aquí, en los paises de Europa, si fuera posible construir un bloque social anticapitalista capaz de vencer y de llevar a cabo reformas estructurales, y que luego no quisiera capitular como Grecia.

Junto a Cuba, Venezuela ha estado y está en el centro de un modelo de integración regional que mira hacia el sur y no al consenso de Washington, es un país muy rico en recursos y por eso está en la mira de todos tipos de ataques. Ataques que violan el derecho internacional, como se ve con las denominadas sanciones impuestas por EE. UU. y Europa de forma extraterritorial y sin el consentimiento de la ONU, único organismo responsable de establecerlas en caso de violación comprobada de derechos humanos.

En cambio, empresas, personas e instituciones son perseguidas en todos los países por el gendarme del mundo si se atreven a entablar relaciones con Venezuela. Todavía recordamos el caso emblemático del dueño de un restaurante italiano, a quien el Tesoro de Estados Unidos ha bloqueado cuentas y tarjetas de crédito italianas: por un caso de homonimia con un emprendedor suizo quien, escuche, escuche, estaba tratando de comerciar con una sucursal de la petrolera estatal venezolana.

La víctima dijo que ha tenido que arreglárselas solo porque las instituciones italianas, como sabemos, no son competentes en términos de soberanía nacional. Que el mismo desafortunado haya extraído de todo esto el deseo de recibir una tarjeta verde de Estados Unidos a cambio, nos hace reflexionar más.

Mientras tanto, Venezuela sigue estando censurada también con respecto a la efectividad de los tratamientos por coronavirus. A pesar de la «variante Bolsonaro» de Brasil, que está provocando un aumento de contagios, Venezuela tiene un número de muertos relativamente bajo de poco más de 1.700 y una tasa de recuperación superior al 90%, gracias a una política de salud análoga a la cubana. Y, de hecho, junto con Cuba, también está produciendo su propia vacuna, Abdala, que ha llegado a la fase final de prueba. Pero el gobierno bolivariano no puede hablar de eso, porque Facebook bloquea las cuentas del presidente y de cualquiera que se atreva a poner un me gusta.

La demonización de Venezuela y el tema del posicionamiento de los distintos países latinoamericanos en el marco internacional está en el centro del debate electoral también en Perú, Ecuador y Bolivia. Y no es casualidad que la diplomacia militar estadounidense, después de pasar por México, pase ahora por Argentina, dos países gobernados por presidentes progresistas, y Uruguay, que ha vuelto a la derecha en las últimas elecciones.

El control de las bases militares norteamericanas, de las que pululan países como Colombia o Honduras, y el control geopolítico del territorio para contrarrestar la presencia china, están en el centro de las preocupaciones de Washington y de la OTAN, que no en vano ya se ha reunido con los miembros de la Unión Europea para renovar sus vasallajes.

La situación en Perú, que va a las elecciones presidenciales y parlamentarias del día 11, es a su manera un ejemplo condensado del fracaso de los estados capitalistas a sueldo de Washington, y de la crisis de la democracia burguesa, desenmascarada por la guerra de clase en los años ochenta y noventa del siglo pasado.

El 6 de abril de 1992, dos años después de su elección, el entonces presidente Alberto Fujimori suspendió la Constitución y disolvió el Parlamento, dando lugar a un gobierno llamado de emergencia y reconstrucción nacional. El «golpe blando» de Fujimori contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas que ocuparon el Parlamento (donde el partido del presidente era minoritario), la magistratura, los ministerios y la sede de radio y televisión. Fujimori acusó al Parlamento de haber obstaculizado la política de reformas ultraliberales que impulsaba.

La campaña de esterilización forzada fue solo la punta del iceberg de una involución autoritaria que dejó una fuerte huella en las instituciones peruanas. Entre 1995 y 2001, 346.219 mujeres, en su mayoría indígenas y campesinas, fueron esterilizadas por la fuerza en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar de Fujimori.

Cifras proporcionadas por el informe elaborado en 2002 por una comisión parlamentaria independiente. Ahora Fujimori está bajo arresto domiciliario por motivos de salud y su hija Keiko, que se presenta por tercera vez, ahora como candidata del partido de derecha Fuerza Popular, planea dejarlo en libertad definitivamente. Por el contrario, la permanencia del denominado Derecho Penal del enemigo, análoga a la legislación de emergencia en Italia, permite la criminalización de la protesta y mantiene en prisión a los comunistas combatientes del pasado conflicto, aunque ya tengan casi noventa años.

En prisión por la llamada Operación Olimpo hay artistas, militantes de organizaciones populares y abogados. Ninguno de los 5 candidatos, ni de derecha ni de centroizquierda, que pueden pasar a segunda vuelta, ya que no hay aspirante a presidente que tenga chance de ganar en la primera vuelta, pone en su programa el fin de la emergencia y la amnistía para los presos políticos.

El único partido de izquierda radical, que se declara Marxista-Leninista y que tiene una clara posición internacionalista, es Perú Libre, representado por Pedro Castillo. El partido existe desde 2012 y, según las encuestas, no es competitivo. Sin embargo, el muy popular acto de campaña final de Castillo podría caracterizarlo como el extraño inesperado y reservar algunas sorpresas.

La otra candidata que propone un programa de centro izquierda, pero con muchas ambigüedades en cuanto a, por ejemplo, la posición sobre el socialismo bolivariano, es Verónika Mendoza, candidata de Juntos Perú. Durante una conferencia de prensa virtual con medios argentinos, afirmó mirar el progresismo de Argentina, estar en desacuerdo con el bloqueo en Cuba y querer apoyarse en las relaciones sur-sur marcadas por el progresismo moderado. Será una cuestión de cómo se comportará a continuación.

Otro tema fuerte de la campaña electoral fue el de una asamblea nacional constituyente, declinada tanto por la derecha como por la izquierda, y muy presente en las recientes protestas populares. Perú cambió 12 constituciones en su vida republicana. Hace 200 años, Bolívar quiso convertirlo en uno de los pilares de la Patria Grande, un proyecto federativo avanzado que no tuvo suerte.

Con ese espíritu, sin embargo, se puso en marcha la Asamblea Nacional Constituyente que, en Venezuela, condujo a la democracia participativa y protagónica que buscan los movimientos populares en toda América Latina. Un proyecto al que se oponen en cambio los moderados al estilo europeo, o los reaccionarios aficionados a la democracia burguesa de las elites.

Mendoza propone un nuevo pacto social que privilegia el bien común y no el lucro, que garantiza plenos derechos y otorga al Estado un rol regulador. Castillo definitivamente lo ha convertido en uno de los temas de su campaña electoral, con una clara referencia a Bolívar y al socialismo bolivariano.

Otro tema crucial es el de género, relacionado tanto con la violencia contra la mujer como con el acceso a los derechos sociales y políticos. Mendoza cuenta con el apoyo de movimientos feministas y LGBTQ. El último censo realizado por el instituto de estadística, en 2017, dice que las mujeres peruanas conforman el 50,8% de la población, pero según el Índice de Desigualdades de Género, realizado por el Foro Económico Mundial en 2020, Perú se ubica en el puesto 66 en una lista de 153 países.

Además, con la propagación de la pandemia – que puso de manifiesto las deficiencias del sistema de salud, las fallas de la gestión política neoliberal y la corrupción desenfrenada, que llevó a la renuncia o destitución de varios presidentes – la violencia contra mujeres y niñas ha aumentado. A pesar de la cuarentena, durante 2020 se reportaron 5.500 desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes.

También sobre este tema, el único que hace un discurso estructural sobre la violencia patriarcal y el machismo es el pequeño partido Perú Libre, pero Mendoza también propone reformas que van en el sentido de igualdad como la de la jubilación para las amas de casa, contando los años de cuidado llevado a cabo.

Y también en este tema medimos la distancia que existe entre la situación de las mujeres en Venezuela alcanzada en estos 22 años de revolución bolivariana y el resto de América Latina, con la excepción de Cuba. Numerosas organizaciones populares, como la de los familiares de los presos políticos invitan al boicot de las elecciones en Perú. Según las encuestas, el voto nulo representa el 30% de los interrogados, de un total de 25 millones de electores habilitados.

Sin embargo, a pesar de la pandemia y la dramática crisis de salud, las encuestas también dicen que a la mayoría le gustaría ir a las urnas. La indecisión sobre las intenciones de voto, en cambio, es muy evidente, tanto es así que ninguno de los cinco candidatos que serían más votados, de las 18 formaciones de la lista, obtendría, en las urnas, mucho más del 10%. La segunda ronda tendrá lugar el 6 de junio y la toma de posesión será el 28 de julio.

En Ecuador, en cambio, tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La primera vuelta fue el 7 de febrero. En los dos primeros lugares resultaron el economista de izquierda, Andrés Arauz, apoyado por la coalición UNES, con el 32,72% de los votos, y el banquero conservador Guillermo Lasso, de Creo, con el 19,74% de los votos.

Arauz, de 38 años y propuesto por el expresidente Rafael Correa, asegura que quiere cambiar el modelo neoliberal introducido por Moreno para volver a un estado de bienestar que anteponga la salud, la educación y el relanzamiento del sector productivo. También en este caso, las alianzas Sur-Sur, que Arauz quiere volver a poner en el centro mientras Lasso pretende continuar con la subordinación a Estados Unidos, estuvieron en el corazón de la campaña electoral.

En tercer lugar, con una diferencia de 300.000 votos de Lasso, quedó el polémico candidato de la organización indígena Pachakutik, Yaku Pérez, que ahora pide a sus seguidores el voto en blanco. En las elecciones anteriores, sin embargo, sus votos fueron a la derecha. Mientras tanto, en las organizaciones indígenas, hay un fuerte debate entre quienes pretenden canalizar el voto a la derecha, como ha sucedido muchas veces, y quienes, como la directiva de la CONAIE, invitan a votar a Arauz. Este último renovó su intención de formar un gran bloque de aliados que también se hiciera cargo de las demandas de los partidos socialdemócratas y las solicitudes de las organizaciones indígenas.

Una votación marcada tanto por la crisis sanitaria que ya ha provocado la sustitución de 5 ministros, como por denuncias de fraude que se preparan contra la izquierda, y por la sombra amenazante de Estados Unidos. Para Estados Unidos es de fundamental importancia que el país sea devuelto definitivamente a su órbita, a la que volvió con la traición de Lenin Moreno, presidente electo con los votos del Movimiento de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa.

Luego de lo ocurrido en Bolivia y en los dos grandes países, México y Argentina, que han vuelto al progresismo, un cambio político en Ecuador modificaría el equilibrio regional, poniendo en marcha un ciclo virtuoso para las clases populares de todo el continente en este Bicentenario de independencia. Con Moreno, el FMI ya ha vuelto en Ecuador, pero Arauz ha manifestado que pretende renegociar los préstamos en otras condiciones, o romper los acuerdos.

Una decisión que ya tomó el gobierno de Luis Arce en Bolivia, denegando el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional por el anterior gobierno golpista. Un tema en el centro del conflicto con la oligarquía boliviana, que ya vio como los recursos nacionales, comenzando con el litio, regresaban bajo el control de Estados Unidos y, por lo tanto, también en sus propios bolsillos.

Un tema que, junto al de las vacunas, repercute en la votación que se llevará a cabo el día 11 en 4 departamentos de Bolivia. Bolivia ha presentado una denuncia ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y otros foros internacionales contra el acaparamiento del 96% de las vacunas por tan solo 10 países. Junto a Venezuela y Cuba, el gobierno boliviano libra una batalla por la distribución de vacunas gratuitas para todos, creyendo, con razón, que la lucha contra la pandemia es un problema global y no de estados individuales, y como tal debe ser abordado.

La segunda vez en las llamadas elecciones subnacionales de Bolivia, se determina para aquellos candidatos que no han alcanzado el 51% de los votos o al menos el 40% y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo. Una elección marcada por las tensiones por la detención de la ex autoproclamada Janine Añez, defendida por instituciones internacionales subordinadas en Washington como la Organización de Estados Americanos. El pasado 7 de marzo, de las elecciones en los 9 departamentos que componen el país, en la primera vuelta se graduaron 5 gobernadores, tres de ellos pertenecientes al MAS, partido gobernante, que también obtuvo 240 municipios, que sin embargo no se ubican en los principales ciudades.

Por tanto, esta segunda vuelta es importante para que el Mas se haga con el control de la mayoría de las gobiernaciones y ofrezca un mayor apoyo político a Arce, considerando también las acaloradas controversias dentro de algunas estructuras partidistas. Una elección complicada por el hecho de que en tres departamentos el Mas tendrá que lidiar con candidatos que han dejado sus filas. Ya ha ocurrido en El Alto, el tradicional baluarte del Mas. Allí, fue Eva Copa quien dominó, con el movimiento Jallalla. Copa ha decidido candidarse fuera del partido, que no había querido proponerla. Para la segunda vuelta, este enfrentamiento también se repite para La Paz, donde la competencia está entre el candidato del Mas, Franklin Flores, y Santos Quispe, de Jallalla.

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