Venezuela. Geopolítica postelectoral. ESP/IT

Venezuela, geopolítica postelectoral

Mientras avanza la farsa del autoproclamado con su «consulta popular», las reacciones a las parlamentarias, ocurridas en Venezuela el pasado 6 de diciembre, fotografían la disputa geopolítica que se abre en esta última parte de 2020. Un año marcado por la pandemia del coronavirus, que ya ha provocado 1,57 millones de muertes en el mundo (3.000 por día solo en EE. UU.), casi medio millón en Europa, en total.

Una Europa encerrada en la jaula de la UE, cuya figura consolida, para la ocasión, los intereses de banqueros y grandes empresarios en detrimento de los sectores populares, reafirmando la estratificación jerárquica existente entre sus propios países miembros. Una Europa que quiere tener su propio pedazo de pastel, mientras permanece bajo el paraguas de la OTAN y de su amo norteamericano.

El canciller ruso Serguéi Lavrov resumió la situación, comentando la decisión del bloque regional de imponer una nueva ronda de sanciones a Rusia sin pasar por los órganismos de la ONU. La Unión Europea – dijo – ha renunciado a ser uno de los polos de un sistema multipolar, y sigue actuando en la órbita de Washington: «La política de Alemania -agregó- confirma que eso es lo que Berlín quiere implementar, siempre que mantenga liderazgo de la Unión Europea «.

A pedido de Estados Unidos, manteniendo reuniones a puerta cerrada, la UE busca desacreditar a la ONU a través del «mecanismo genérico de imposición de sanciones por violación de los derechos humanos», denunció el jefe de la diplomacia rusa. En resumen, Occidente promueve el concepto de orden mundial basado en reuniones únicas a puertas cerradas. ¿Por qué? Para subordinar los órganismos relevantes de la ONU a sus propios intereses, y resucitar el modelo de mundo unipolar, apoyándose en la crisis que atraviesan estas instituciones internacionales. Sin embargo, aseguró Lavrov, “es poco probable que sean capaces de someter a polos como Rusia y China”.

En esta clave también es posible enmarcar los ataques dirigidos a la Venezuela bolivariana, ubicada en el sistema de alianzas para la construcción de un mundo multicéntrico y multipolar. En lo que promete ser una nueva «guerra fría» a nivel mundial, el imperialismo estadounidense y sus vasallos presionan para imponer nuevas reglas internacionales basadas en la arrogancia del gendarme norteamericano, que ahoga el aliento de George Floyd, en nombre de la legalidad: la legalidad de un sistema violento e injusto en detrimento de la legitimidad del derecho de los pueblos a respirar según su propio diafragma y sin cargas sobre el corazón.

Sólo con una lógica neocolonial, arrogante y asimétrica, se puede violar descaradamente las normas internacionales y acusar a quienes respetan esas normas de estar fuera de la «legalidad»: esto se aplica sea a las numerosas resoluciones de la ONU contra la ocupación de Palestina, sea a las «sanciones» impuestas en nombre de los «derechos humanos», cuando la propia ONU las considera un crimen de lesa humanidad.

También se aplica a la cuestión de las reglas, a los procedimientos y a la «democracia». ¿Qué legitimidad puede tener un tipo que un día decide autoproclamarse “presidente interino” en una plaza de Venezuela, si no la de ser amigo de los poderosos? La legitimidad de la mafia, por tanto, que conscientemente evita someterse a las reglas democráticas en las que, nos guste o no, se cuentan los votos y gana quien obtiene más.

¿Qué fiabilidad puede tener un sistema electoral engorroso y volátil como el de Estados Unidos, sobre el que pesan evidentes legados racistas y intereses clasistas, rehén de un sistema de lobby y del complejo militar-industrial?

Tal sistema permite que una minoría gobierne a expensas de la gran mayoría de la población. Y cuando las reglas no se ajustan a los intereses de las clases dominantes, las cambia, con artificios regulatorios o decisiones autoritarias, como se ve con Trump.

Uno de los últimos ejemplos se refiere al denominado “Art. 230”, la ley que absuelve a las grandes empresas de Internet de la responsabilidad de las acciones realizadas por sus usuarios. Después de que Twitter borró o censuró algunas publicaciones consideradas falsas o engañosas enviadas por Trump durante las elecciones en USA, el magnate firmó una orden ejecutiva sobre el asunto y le pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la Autoridad de Comunicaciones, que aboliera esto párrafo de la ley aprobada por Bill Clinton hace 26 años.

 La Comisión no tiene tales prerrogativas y la decisión sería inconstitucional. Sin embargo, Ajit Pai preside la FCC: un hombre para todas las temporadas, es decir, para todas las multinacionales, puesto allí por Obama y luego cambiado al trumpismo. Fue el responsable de la abolición, hace tres años, de la llamada “neutralidad de la red”, deseada por Obama, que permitía a todos los usuarios el derecho a tener la misma velocidad de conexión.

Desde entonces, sin embargo, la conexión aumenta o disminuye según el dinero pagado. Un problema que tiene repercusiones globales, dado que muchos servidores de internet radican en Estados Unidos, y también dado que la legislación estadounidense inspira y condiciona la de los polos subordinados. Imaginemos lo «democrática» que es una regla similar en medio de una pandemia y con el peso que internet asume para el trabajo y la educación a distancia.

Se espera que el nombramiento de Ajit Pai caduque cuando Biden asuma el cargo el 20 de enero. Sin embargo, una vez más el engorroso funcionamiento de la «democracia» estadounidense permitirá que las decisiones de Trump se mantengan: tanto porque el Senado “amigo” podría rechazar el nuevo nombramiento como porque el mandato de tres miembros trumpistas de la FCC se extiende mucho más allá de enero. Todo esto mientras Trump no ha dejado de golpear sus propias instituciones, afirmando que el sistema electoral estadounidense, considerado un «modelo» incluso por la vieja Europa, es «un sistema del Tercer Mundo».

Legalidad burguesa versus legitimidad de derechos. ¿Qué justificación puede haber el derroche de dinero por parte de los «donantes» occidentales para mantener la farsa de la autoproclamación, mientras faltan hospitales, viviendas, escuelas y puestos de trabajo en los países de la UE?

El mismo que justificó otros ríos de dinero pagados para promover la «democracia» en Cuba o Oriente Medio, por derrocar gobiernos legítimos como el sirio. Para financiar solo «4 o 5» de los 54 mercenarios entrenados por Estados Unidos, se asignaron $ 500 millones, dijo Lloyd Austin en 2015 en el Senado. Austin es el general retirado que a Biden le gustaría poner como secretario de Defensa, y que en esta declaración, terminó, por decir así, disparándose involuntariamente en el pie.

Ahora, el sistema de alianzas vinculado al Consenso de Washington para América Latina critica los resultados del 6D cuestionando su «legitimidad». En primer lugar, los gobiernos de la UE rechazaron la invitación del gobierno venezolano a verificar personalmente la solidez de las instituciones bolivarianas acompañando al proceso electoral. Ahora, dicen que esos resultados no son válidos: no cuentan, porque no son «reconocidos» por la llamada comunidad internacional.

Una vez más, por «comunidad internacional» entendemos sólo el eje subordinado a EE.UU., o esos «50 países» que han respaldado la farsa del autoproclamado. Pero, ¿cuántos países hay en el mundo? Solo el Movimiento de Países No Alineados, la segunda institución más grande después de la ONU, incluye a 120 estados más otros 17 observadores, y representa más de dos tercios de todos los del mundo (208).

Mnoal se ha pronunciado en contra de la injerencia en los asuntos internos de los países. El propio Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado reiteradamente los intentos de agresión e injerencia contra Venezuela, tras las denuncias presentadas por el embajador Samuel Moncada. Y ahora el gobierno chino le ha pedido a Estados Unidos que respete la democracia venezolana.

Por otro lado, instituciones desacreditadas e incluso vaciadas toman partido en contra de Venezuela, basandose únicamente en el artificio neocolonial que busca Estados Unidos. Esto se aplica a la Organización de Estados Americanos (OEA) que encabeza Almagro, en la que el representante del gobierno argentino, ahora progresista, hizo sentir su disconformidad. El «ministerio de las colonias», como acertadamente lo llamó Fidel Castro, también fracasó  por la falta de apoyo del progresista México y de la Bolivia que regresó al MAS. Por razones similares, se encuetra vaciado el Grupo de Lima. A vaciarlos es sobre todo la voz de los pueblos, que con fuerza ha vuelto a hacerse oír en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala… países donde la «brisa bolivariana» comienza a soplar.

«Nueva Zelanda se preocupa por las elecciones en Venezuela», tituló un periódico de la oposición venezolana sin temor al ridículo. Por lo contrario, un post de Samuel Moncada invitaba a la Unión Europea, que inmediatamente se levantó para «desconocer» los resultados de la votación en Venezuela, a considerar que: «9 países de la UE registraron una participación de menos del 40% en las elecciones al Parlamento Europeo en 2019 y 4 una participación inferior a la registrada en Venezuela, que es del 30,50%: República Checa (28,72%), Eslovenia (28,89%), Eslovaquia (22,74%) y Croacia (22, 85%) «.

La posverdad, sin embargo, no se centra en la fuerza de los hechos, la que el presidente Maduro reclamó y argumentó durante una conferencia de prensa internacional posterior a las elecciones, sino en la ficción y la asimetría. Una ficción difundida incluso en el desprecio de la lógica, y avalada por quienes, en auquel momento en que contaban los hechos y contaba la consecuencia entre decir y hacer, se llamaban «grillos parlantes».

Fuera del balance que hará como siempre el socialismo bolivariano en los lugares establecidos, fuera de la evaluación de las consecuencias del bloqueo económico-financiero impuesto por el imperialismo, el ejercicio de cifras y comparaciones matemáticas sobre el porcentaje de participación en estas elecciones, solo corre el riesgo de ser engañoso.

“La revolución – dijo Mao Tse Tung – no es una cena de gala; no es una obra literaria, un dibujo, un bordado; no se puede hacer con tanta elegancia, tranquilidad y delicadeza, ni con tanta dulzura, amabilidad, cortesía, respeto y magnanimidad. La revolución es una insurrección, un acto de violencia con el que una clase derroca a otra ”. La revolución no es un paseo por el parque, incluso cuando se materializa en formas posteriores al siglo XX y en forma electoral. En todo caso, si hay una anotación que conviene tener en cuenta, es que los problemas que surgieron en el socialismo del siglo pasado acaban pasando factura incluso al «socialismo del siglo XXI».

Y lo sabe muy bien el Partido Socialista Unido de Venezuela, nuevamente acusado para la ocasión por los “maestros de la revolución del teclado”, dado que, entre los congresos internacionales que se realizaron después del Foro de Sao Paulo, ha habido dos particularmente significativos en este sentido: la Plataforma Obrera Antiimperialista y el Congreso sobre el Bloque histórico, que declinó el tema del consenso, como lo entendía Gramsci, en la senda del socialismo bolivariano.

«Quedamos 25 millones en Venezuela», dijo el ex candidato presidencial derrotado, Henrique Capriles. Si los que, en Europa, se cuelgan de sus labios toman estas cifras para bien, ¿qué porcentaje de participación electoral debe considerarse en un país que tiene 20,7 millones con derecho a voto y una población de más de 32 millones de personas?

Admitido y no concedido que el señor Capriles, además de lleno de dinero (como él mismo admite en la larga entrevista con la BBC), también es lleno de estadísticas, se debe calcular que se ha ido supuestamente una composición de personas en proporción de edad homogénea con la población. En este caso, los que tienen derecho a votar entre los que permanecen en Venezuela se convertirían en aproximadamente 17,5 millones. La participación en la votación sería entonces al menos del 36%: muy por encima del 30,5% registrado por el CNE.

Lo cierto es que Capriles intenta abrirse paso en la nueva etapa, entre la farsa y la realidad. La farsa de que a EE.UU. y Europa les gustaría seguir respaldando indefinidamente un supuesto gobierno paralelo para incentivar una solución “a la libica”, y la realidad de un país que lucha por recuperar sus recursos y seguir utilizándolos a favor del pueblo. Recursos extraordinarios, muchos de ellos estratégicos para un capitalismo en crisis estructural que debe robárselos a los pueblos del sur para sobrevivir.

Ahora, con Biden, el imperialismo quiere probar la “solución” propuesta por Europa y su fallido «grupo de contacto». Una propuesta que, sin embargo, necesita tiempo para intentar unir a la desprestigiada oposición venezolana, presentando al gobierno bolivariano la trampa de «suavizar las sanciones» a cambio de concesiones políticas.

Para ello, es necesario encubrir esta ridícula «consulta popular» sin ningun control democrático, en un dispositivo jurídico destinado a desvirtuar la constitución bolivariana. En este sentido, está circulando un audio propagandístico muy explicativo: sostiene que, con el apoyo de supuestos grandes juristas internacionales, la continuidad de Guaidó en su «gobierno paralelo» puede basarse en el concepto de «continuidad administrativa».

Condición prevista por la constitución bolivariana cuando un factor impide la renovación de cargos, por ejemplo en un Concejo comunal o en una gobiernación. Por la constitución, todas las asambleas de ciudadanos pueden tomar decisiones al respecto.

El fraude de la derecha es, por tanto, dar a la «consulta» de la burguesía el mismo valor que una asamblea popular, deslegitimando las decisiones ya tomadas por el pueblo soberano, como se pretendía hacer con la «consulta» paralela (y fraudulenta), después del voto por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

El programa de las BRICS-PSUV titulado «La legitimidad democrática en la prueba de fuego», que se llevó a cabo como seminario de la Universidad Internacional de la Comunicación, fue por tanto muy oportuno. Como ponentes estuvieron la primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, y la segunda vicepresidenta, Gladys Requena, ambas diputadas electas al nuevo parlamento, junto al coordinador Carlos Sierra y el director de Cuatro F, Gustavo Villapol.

Geraldina Colotti

 

Venezuela, geopolitica post-elettorale

Mentre è in corso la farsa dell’autoproclamato con la sua “consultazione popolare”, le reazioni alle parlamentari, che si sono svolte in Venezuela il 6 di dicembre, fotografano la contesa geopolitica per come si va configurando in questo scorcio del 2020. Un anno segnato dalla pandemia da coronavirus, che ha già provocato 1,57 milioni di morti (3.000 al giorno solo negli USA), quasi mezzo milione in Europa.

Un’Europa stretta nella gabbia della Ue, la cui cifra ricompatta, per l’occasione, gli interessi di banchieri, affaristi e grandi imprenditori a scapito dei settori popolari, ribadendo la stratificazione gerarchica esistente fra i suoi stessi membri. Un’Europa che vuole avere la sua fetta di torta, restando però sotto l’ombrello (Nato) del Grande Fratello nordamericano.

Il ministro degli Esteri russo, Serguéi Lavrov, ha sintetizzato adeguatamente la situazione, commentando la decisione del blocco regionale di imporre una nuova tornata di sanzioni alla Russia senza passare per gli organismi dell’ONU. L’Unione Europea – ha detto – ha rinunciato a essere uno dei poli di un sistema multipolare, continuando ad agire nell’orbita di Washington: “La politica della Germania – ha aggiunto – ci conferma che così vuole attuare Berlino, sempre che mantenga la leadership dell’Unione Europea”.

Su richiesta degli Stati Uniti, facendo riunioni a porte chiuse, la UE cerca di screditare l’ONU mediante il “meccanismo generico di imporre sanzione per violazione dei diritti umani”, ha denunciato il capo della diplomazia russa. L’Occidente, insomma, promuove il concetto di ordine mondiale basato su singole riunioni a porta chiusa. Perché? Per subordinare ai propri interessi gli organismi preposti dell’ONU, e resuscitare il modello di un mondo unipolare, fidando sulla crisi che attraversano gli organismi internazionali. Però – ha assicurato Lavrov, “è poco probabile che riescano a sottomettere dei poli come Russia e Cina”.

In questa chiave è possibile inquadrare anche la natura degli attacchi rivolti al Venezuela bolivariano, situato nel sistema di alleanze per la costruzione di un mondo multicentrico e multipolare. In quella che si annuncia come una nuova “guerra fredda” a livello globale, l’imperialismo USA e i suoi vassalli spingono per imporre nuove regole internazionali basate sull’arroganza del gendarme nordamericano, che soffoca il respiro di George Floyd, in nome della legalità: la legalità di un sistema violento e ingiusto a scapito della legittimità del diritto dei popoli a respirare secondo il proprio diaframma, e senza pesi sul cuore.

Solo con una logica neocoloniale, arrogante e asimmetrica, si può violare così sfacciatamente le norme internazionali e accusare chi invece quelle norme le rispetta, di essere fuori dalla “legalità”: vale per le numerose risoluzioni dell’Onu contro l’occupazione della Palestina, come per le “sanzioni” imposte in nome dei “diritti umani”, quando la stessa Onu le ritiene un crimine di lesa umanità.

Vale altresì per la questione delle regole, delle procedure e della “democrazia”. Quale legittimità può avere un tizio che un giorno decide di autoproclamarsi in una piazza del Venezuela, se non quella di essere amico dei potenti? La legittimità del mafioso, dunque, che evita consapevolmente di sottoporsi alle regole democratiche in cui, piaccia o meno, si contano i voti e vince chi ne ottiene di più.

Quale affidabilità può avere un sistema elettorale macchinoso e volatile come quello degli Stati Uniti, su cui pesano evidenti eredità razziste e classiste, ostaggio di un sistema lobbistico e del complesso militare-industriale?

Un sistema simile consente che governi una minoranza, a scapito della stragrande maggioranza della popolazione. E quando le regole vanno strette agli interessi delle classi dominanti, le cambia, con artifizi normativi o con decisioni autoritarie, come si è visto con Trump.

Uno degli ultimi esempi riguarda la cosiddetta “Sezione 230”, la legge che assolve le grandi imprese di Internet dalla responsabilità per le azioni compiute dai loro utenti. Dopo che twitter ha oscurato o censurato alcuni post ritenuti falsi o fuorvianti inviati da Trump durante lo spoglio elettorale, il tycoon ha firmato un ordine esecutivo al riguardo, e chiesto alla Federal Communications Commission (Fcc) l’Autorità per le comunicazioni, di abolire quel paragrafo della legge voluta da Bill Clinton 26 anni fa.

La Commission non ha però simili prerogative, e la decisione sarebbe incostituzionale. Tuttavia, a presiedere la Fcc c’è Ajit Pai: un uomo per tutte le stagioni, ovvero per tutte le multinazionali, messo lì da Obama e poi passato al trumpismo. Si deve a lui l’abolizione, tre anni fa, della net neutrality, la cosiddetta neutralità della rete, voluta da Obama, che consentiva a tutti gli utenti il diritto ad avere la stessa velocità di connessione.

Da allora, invece, la connessione aumenta o diminuisce in base al denaro versato. Un problema che ha ripercussioni mondiali, visto che molti server sono basati negli Usa, e visto anche che la legislazione statunitense ispira e condiziona quella dei poli subalterni agli USA. Immaginiamo quanto è “democratica” una norma simile in piena pandemia e con il peso che assume la rete per il lavoro e per l’educazione a distanza.

La nomina di Ajit Pai dovrebbe decadere quando Biden assume l’incarico, il 20 gennaio. Tuttavia, ancora una volta il funzionamento farraginoso della “democrazia” USA consentirà di mantenere in piedi le decisioni di Trump: sia perché il Senato potrebbe respingere la nuova nomina, sia perché l’incarico di tre componenti trumpisti della Fcc si prolunga ben oltre gennaio. Tutto questo mentre Trump non ha smesso di dare battaglia alle sue stesse istituzioni, affermando che il sistema elettorale USA, considerato “modello” anche dalla vecchia Europa è “un sistema da Terzo mondo”.

La legalità borghese contro la legittimità dei diritti. Quale giustificazione può avere l’erogazione di denaro a fiumi, da parte dei “donatori” occidentali per mantenere la farsa dell’autoproclamazione, mentre mancano nei paesi UE ospedali, case, scuole e lavoro?

La stessa che ha giustificato altri fiumi di denaro erogati per promuovere la “democrazia” in Medioriente, rovesciando governi legittimi come quello siriano. Per foraggiare solo “4 o 5” dei 54 mercenari allenati dagli Usa, vennero stanziati 500 milioni di dollari, ha dichiarato nel 2015 in Senato Lloyd Austin, che Biden vorrebbe come Segretario alla Difesa, dandosi involontariamente la zappa sui piedi.

Ora, il sistema di alleanze legato al Consenso di Washington per l’America Latina, si scaglia contro i risultati del 6D per metterne in dubbio la “legittimità”. Prima, i governi della UE hanno respinto l’invito del governo venezuelano a verificare di persona la solidità delle istituzioni bolivariane, accompagnando il processo elettorale. Ora, dicono che quei risultati non sono validi: non contano, perché non vengono “riconosciuti” dalla cosiddetta comunità internazionale.

Ancora una volta, per “comunità internazionale” s’intende solo l’asse subalterno agli USA, ovvero quei “50 paesi” che hanno avallato la farsa dell’autoproclamato. Ma quanti sono i paesi nel mondo? Solo il Movimento dei Paesi Non Allineati, la seconda istituzione per grandezza dopo l’ONU comprende 120 stati più altri 17 osservatori, e rappresenta oltre due terzi di tutti quelli del mondo (208).

La Mnoal si è espressa contro le ingerenze negli affari interni dei paesi. Lo stesso Consiglio di Sicurezza ONU ha più volte respinto i tentativi di aggressione e di ingerenza contro il Venezuela, a seguito delle documentate denunce presentate dall’ambasciatore Samuel Moncada. E ora il governo cinese ha chiesto agli Stati uniti di rispettare la democrazia venezuelana.

A schierarsi contro il Venezuela sono peraltro istituzioni screditate e anche svuotate di peso, che si reggono solo sull’artifizio neocoloniale voluto dagli USA. Vale per l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) diretta da Almagro, nella quale ha fatto sentire il proprio dissenso il rappresentante del governo argentino tornato a essere progressista. Al “ministero delle colonie”, come giustamente lo definì Fidel Castro, ed è venuto a mancare anche il sostegno del Messico progressista e della Bolivia tornata al MAS. Vale, per ragioni analoghe, anche per il fantomatico Gruppo di Lima. Vale, soprattutto per la voce dei popoli, tornata prepotentemente a farsi sentire in Perù, Cile, Colombia, Ecuador paesi nei quali comincia a soffiare la “brezza bolivariana”.

“La Nuova Zelanda si preoccupa per le elezioni in Venezuela”, titolava senza paura del ridicolo un giornale dell’opposizione venezuelana. Un post di Samuel Moncada invitava l’Unione Europea, immediatamente insorta per “disconoscere” i risultati del voto in Venezuela, a considerare che: “9 paesi della UE hanno fatto registrare una partecipazione inferiore al 40% nelle elezioni al Parlamento europeo del 2019 e 4 una partecipazione al di sotto di quella registrata in Venezuela, che è del 30,50%: la Repubblica Ceca (28,72%), Slovenia (28,89%), Slovacchia (22,74%) e Croazia (22,85%)”.

La post-verità non ha però al centro la forza dei fatti – quella che ha rivendicato e argomentato il presidente Maduro durante una conferenza stampa internazionale seguita alle elezioni – ma la finzione e l’asimmetria. Una finzione diffusa anche nel disprezzo della logica, e avallata da quelli che, al tempo in cui contavano i fatti e contava la conseguenza tra il dire e il fare, si chiamavano “grilli parlanti”.

Fuori dal bilancio che il socialismo bolivariano farà come sempre nelle sedi opportune, fuori dalla valutazione sulle conseguenze del blocco economico-finanziario imposto dall’imperialismo, l’esercizio dei numeri e dei confronti matematici sulla percentuale di partecipazione a queste elezioni, rischia soltanto di essere fuorviante.

“La rivoluzione – diceva Mao Tse Tung – non è un pranzo di gala; non è un’opera letteraria, un disegno, un ricamo; non la si può fare con altrettanta eleganza, tranquillità e delicatezza, o con altrettanta dolcezza, gentilezza, cortesia, riguardo e magnanimità. La rivoluzione è un’insurrezione, un atto di violenza con il quale una classe ne rovescia un’altra”. La rivoluzione non è una passeggiata neanche quando si concretizza in forme post-novecentesche. Casomai, se c’è un’annotazione che conviene tener presente, è che i problemi emersi nel socialismo del secolo scorso, finiscono per presentare il conto anche al “socialismo del XXI secolo”.

Una coscienza che il Partito Socialista Unito del Venezuela, nuovamente messo sotto accusa per l’occasione dai maestrini in rivoluzione, ha ben presente, visto che, tra i Congressi internazionali che si sono svolti dopo il Foro di San Paolo, ce ne sono due particolarmente significativi al riguardo: la Piattaforma operaia antimperialista e il Congresso sul Blocco storico, che ha declinato il tema del consenso, per come lo intese Gramsci, nel percorso del socialismo bolivariano.

“In Venezuela siamo rimasti in 25 milioni”, ha dichiarato l’ex governatore dello Stato di Miranda, candidato alla presidenza due volte sconfitto, Henrique Capriles. Se quelli che, in Europa, pendono dalle sue labbra prendessero per buone queste cifre, che percentuale di partecipazione elettorale si dovrebbe considerare in un paese che ha 20,7 milioni di aventi diritto al voto su una popolazione di oltre 32 milioni di persone?

Ammesso e non concesso che il signor Capriles, oltreché pieno di soldi (come lui stesso ammette nella lunga intervista rilasciata alla BBC), sia anche pieno di statistiche, si dovrebbe calcolare che ad andarsene sia stata una composizione di persone di età omogenea in proporzione con la popolazione. In questo caso, gli aventi diritto rimasti in Venezuela diventerebbero all’incirca 17, 5 milioni. La partecipazione al voto sarebbe allora almeno del 36%: ben oltre il 30,5% registrato dal CNE.

La verità è che Capriles cerca di farsi largo nella nuova fase che si apre tra farsa e realtà: la farsa che gli Usa e l’Europa vorrebbero continuare avallando all’infinito un presunto governo parallelo per incentivare una soluzione “libica”, e la realtà di un paese che lotta per riavere le proprie risorse e continuare a impiegarle a favore del popolo. Risorse straordinarie, molte delle quali strategiche per un capitalismo in crisi strutturale che deve rubarle ai popoli per sopravvivere.

Ora, con Biden, l’imperialismo vuole provare la carta proposta dall’Europa e dal suo fallimentare “gruppo di contatto”. Una proposta che, però, ha bisogno di tempo per provare a unire in questa chiave la screditata opposizione venezuelana, facendo ventilare al governo bolivariano la possibilità di “ammorbidire le sanzioni” in cambio di concessioni politiche.

Per questo, serve ammantare questa ridicola “consultazione popolare” svincolata da ogni controllo democratico, a un artificio giuridico volto a distorcere la costituzione bolivariana. In questo senso, sta circolando un audio di propaganda assai esplicativo: sostiene che, con il supporto di presunti grandi giuristi internazionali, la continuazione di Guaidó nel suo “governo parallelo” può darsi in base al concetto di “continuità amministrativa”.

Una condizione prevista dalla costituzione bolivariana quando un fattore impedisce il rinnovo delle cariche, per esempio in un consiglio comunale o in una governazione. Per costituzione, tutte le assemblee dei cittadini possono prendere decisioni in merito.

La truffa della destra è quindi di dare alla “consultazione” della borghesia lo stesso valore di un’assemblea popolare, delegittimando le decisioni già prese dal popolo sovrano, come ha cercato di fare con la “consulta” parallela (e fraudolenta), seguita al voto per l’Assemblea Nazionale Costituente del 2017.

Quanto mai puntuale è risultato perciò il programma delle Brigate internazionali della comunicazione solidale (BRICS-PSUV) dal titolo “La legittimità democratica alla prova del fuoco”, che si è tenuto come seminario web dell’Università Internazionale della Comunicazione. Al tavolo, la prima vicepresidente della ANC, Tania Diaz, e la seconda vicepresidente, Gladys Requena, entrambe elette deputate al nuovo parlamento, insieme al coordinatore Carlos Sierra e al direttore del Cuatro F, Gustavo Villapol.

Geraldina Colotti

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