Informe de misión fantasma de la ONU sobre Venezuela
INFORME DE MISIÓN FANTASMA DE LA ONU SOBRE VENEZUELA
Caracas, 16 de septiembre de 2020.
La mañana del 16 de septiembre de 2020 Venezuela amanece con la publicación de un Informe donde supuestamente se abordaría la situación de derechos humanos en el país.
Ahora bien, ¿Quién elaboró ese informe y bajo que mandato?
Se trata de una Misión Internacional de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, cuya naturaleza viene de una Resolución hostil impulsada por el autodenominado Grupo de Lima, súbditos de la Casa Blanca, quienes el año pasado durante el 42º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) crearon ese mandato cuyo principal objetivo fue satanizar al Gobierno Bolivariano y las instituciones del Estado.
Evidentemente, el Estado venezolano, fiel a su Diplomacia Bolivariana de Paz rechazó y condenó la creación de esa misión y toda la resolución que la impulsó por vulnerar los principios del derecho internacional como el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de los asuntos internos y la integridad territorial.
Igualmente, por vulnerar los principales pilares del multilateralismo, como son el diálogo genuino y la cooperación.
El contenido del informe de la Misión fantasma es una muestra palpable de lo que significa la manipulación y el uso politizado de los derechos humanos y de los trabajos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Es importante que el pueblo venezolano esté al tanto que detrás del mismo no existe ninguna preocupación real por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Su principal objetivo no es otro que utilizar los derechos humanos como herramienta para agredir al legítimo Gobierno venezolano y sus legítimas instituciones.
No es casual que el informe promueva de manera abierta y descarada improperios al ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y demás miembros del Ejecutivo Nacional con la vil intención de continuar impulsado la matriz de opinión negativa en materia de derechos humanos y de esta manera sumarse a las constantes, desgastadas e increíbles acusaciones por parte del Gobierno supremacista de los Estados Unidos de América. Los miembros de esa misión internacional resultaron ser verdaderos y vergonzantes súbditos del gobierno de Donald Trump.
En el marco del multilateralismo, los países amantes del derecho a la paz y la estabilidad democrática han denunciado la manipulación política de la creación de mandatos como el de la prenombrada misión internacional, en el entendido que la misma no cuenta con el respaldo de los Estados concernidos, por lo tanto carecen de objetividad e imparcialidad.
Igualmente puede observarse que el pseudo informe carece de todo rigor de investigación al no contener fuentes pertinentes y creíbles -que actúen de buena fe-, de conformidad con los principios de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, sin motivaciones políticas y mediante el respeto a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.
Un pseudo informe que se encuentra completamente plagado de mentiras y falsos positivos, que de manera grosera pretende sumarse a la campaña internacional con la cual han pretendido desconocer al legítimo Gobierno venezolano y sus instituciones e igualmente promover por medios violentos y no constitucionales un cambio de régimen político en el país.
Definitivamente un pseudo informe que no tiene justificación alguna. El pueblo venezolano debe condenar firmemente el contenido de ese pseudo informe y rechazarlo ya que el mismo pretende imponer a la fuerza mecanismos de monitoreo e intromisión en los asuntos internos y de esta manera vulnerar nuestra soberanía.
Nada aporta al mejoramiento de la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela. Por el contrario, buscan vulnerarlos.
Para los Estados miembros del autodenominado Grupo de Lima resulta sumamente negativo que el Gobierno Bolivariano consolide las relaciones de cooperación y asistencia técnica con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Cuando escucharon el pronunciamiento de la Alta Comisionada Michelle Bachelet el pasado lunes 14 de septiembre de 2020 cuando enfatizó que “(…) Un año después de haber firmado la Carta de Entendimiento, mi Oficina ha fortalecido su presencia en Venezuela.” “(…) quiero informales que hemos firmado con el Gobierno la renovación de la Carta de Entendimiento por un año renovable. El nuevo acuerdo incluye la triplicación del número de oficiales de derechos humanos en el país, con mayor autonomía jurídica, así como la formalización de un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales.”, decidieron apresuradamente acelerar los ataques a la institucionalidad venezolana.
No podemos olvidar que en Venezuela se encuentra en marcha procesos de diálogo y gigantescos avances democráticos entre los principales actores políticos del país de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre 2020. Situación que obviamente impulsa a la derecha radical interna y externa a promover este tipo de pseudo informes con el fin de desacreditar el proceso electoral de diciembre.
Tenemos un pueblo que sufre por las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde el exterior, y es amenazado constantemente con una invasión militar por parte de uno de los imperios más poderosos de todos los tiempos.
Es por ello que el pueblo venezolano debe cerrar filas en el resguardo de nuestra soberanía e integridad territorial y rechazar firmemente este tipo de iniciativas.
Más bien debemos todos debemos estar unidos para que Naciones Unidas, en vez de prestarse para que se adopten este tipo de resoluciones hostiles contra estados soberanos, condene firmemente la imposición arbitraria e ilegal de medidas coercitivas unilaterales que impactan negativamente en el disfrute de los derechos humanos, particularmente en el marco de la Pandemia del COVID-19.
Sin embargo, a pesar de la mal intención contenida en ese pseudo informe es importante destacar que el Gobierno venezolano ha demostrado grandes avances en materia de derechos humanos y ha fortalecido la cooperación con todos los países que apuestan por un orden internacional democrático y equitativo, así como con el CDH, sus mecanismos, y con la Oficina de la Alta Comisionada, en estricto cumplimiento a sus obligaciones internacionales.
Informamos a nuestra militancia que el Gobierno Bolivariano y su política exterior ha sido firmemente celoso al exigir en los diferentes foros internacionales que el tema de derechos humanos se aborde de manera justa y equitativa, bajo los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo constructivo y cooperación.
Esto no deja de ser un muy grave precedente, pues se trata -nada más y nada menos- de utilizar la noble institución de la promoción y protección de los derechos humanos, como un peligroso instrumento para satanizar a un país democrático, como lo es la República Bolivariana de Venezuela.
Edgardo Toro